Tanto el Gobierno de Alberto Fernández y los hombres y mujeres del Fondo saben que se necesitan largas jornadas negociadoras para cerrar las líneas generales del potencial acuerdo.
Para los temas con resolución política en los más altos niveles del gobierno nacional y la cúpula del FMI que encabeza Kristalina Georgieva; habrá que esperar a fin de enero o comienzos de febrero. Luego, como mínimo, un mes después, en la segunda quincena de febrero o en marzo; el “board” del FMI estará en condiciones de votar (se descarta a favor) el nuevo acuerdo. Si se cumple lo que se estuvo discutiendo hasta esta semana entre Buenos Aires y Washington (y antes en la propia capital de los Estados Unidos), el acuerdo tendrá las formalidades generales de un “Facilidades Extendidas”, pero con condimentos inéditos para la historia del organismo. Esto es, un período de gracia de cuatro años y una tasa de interés preferencial. Para que esto suceda, el Gobierno de Alberto Fernández deberá comprometerse a mantener prácticamente una única condicionalidad: que las metas fiscales de contracción de los desequilibrios entre ingresos y gastos se cumplan. En el año en el que el país no logre el cometido, automáticamente se deberá negociar un “waiver”. El que también dependerá de la buena voluntad del “board”. El FMI no impondrá políticas económicas, fiscales, de emisión o cambiarias. Pero sí tendrá que demostrar que las proyecciones del ministro Guzmán son realistas, sólidas y logrables.
La misión continuará siendo comandada por el venezolano Luis Cubeddu y la norteamericana Julie Kozac, que prácticamente ya tienen todos los datos necesarios para elaborar el informe final. Cuando el paper definitivo esté redactado, ese informe será girado al director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner primero y a la propia Kristalina Georgieva después. La economista búlgara será la responsable final y quien debería presentar en sociedad la “Carta de Intención” junto con el presidente Alberto Fernández. Esta se pondrá a disposición de los delegados de cada país ante el FMI. Estos embajadores tendrán un mes para revisar el contenido de la “Carta”, para dar sus precisiones o su aval directo. Serán tiempos además de lobby cruzado desde Buenos Aires con cada uno de los embajadores de los principales estados votantes en el “board” para que estos avalen la letra de la “Carta de Intención”. Finalmente, no antes del 22 de enero (día de la asunción de Joe Biden), el caso argentino y su pedido de un acuerdo del tipo “Facilidades Extendidas”, pero con contenidos inéditos en la historia del organismo, llegarán a la instancia definitiva.