Representantes de supermercados y autoservicios sostienen que algunos proveedores subieron precios «por encima de lo establecido». Las empresas alimenticias, en tanto, rechazaron la nueva extensión del programa.
“Respecto a los aumentos, hay empresas que se ajustan a lo autorizado, otras que lo hacen a medias y, para categorías que consideran críticas, presentan aumentos mayores. Y otras que aumentan lo que quieren. Las empresas proveedoras, donde pueden, van con aumentos mayores. En algunos casos se imponen, en otros negocian algo y seguramente en algunas nacionales se ajustan a lo autorizado por el Gobierno. Hay algunas empresas que venían respetando los lineamientos, ahora no lo hacen”, sostuvo a Ámbito Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, quien agregó: “Hay algunos problemas con el arroz, el aceite y la yerba, que ha sufrido modificaciones importantes”.
Palpacelli también se refirió a algunos problemas de abastecimiento: “Es algo que venimos padeciendo desde hace tiempo, no sólo en cuanto a tiempos que se demoran en entregar la mercadería, sino en cuanto al grado de cumplimiento de las órdenes de compa. Hay muy bajo nivel de servicio empresas importantes que entregan un 30% o 40 % de los pedidos, el resto no lo entrega o llega cuotificado. El abastecimiento es muy irregular, en algunos casos hay faltantes por decisiones de la empresa de no fabricar más determinado producto, otras empresas proveedoras están con dificultades de abastecimiento de propios insumos, ya sea por la suba del dólar o por el contexto local de la pandemia”.
En ese marco, desde las empresas alimenticias reiteraron la necesidad de una nueva actualización en los valores del programa. Es que, destacaron, desde que se lanzó el plan a fines de marzo el incremento en los costos fue por delante de las subas autorizadas por el Gobierno. De hecho, luego de un encuentro entre los representantes de la Comisión Directiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la entidad expresó ayer “su total desacuerdo y preocupación” ante la extensión del programa. “El sostenimiento en el tiempo de la política de Precios Máximos pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas en nuestro país, generando el cierre de empresas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria (actualmente más de 400 mil puestos de trabajo directo)”. Mediante un comunicado, la Copal remarcó que “resulta insostenible la política de congelamiento de precios y que ello queda reflejado en los distintos aumentos de costos que el sector ha sufrido y que representan un incremento promedio del 26%”. “En este contexto, se requiere que se reconsidere la aplicación de una medida inmediata para revertir la situación y evitar el agravamiento de esta crisis sin precedentes”, sostuvo la entidad.
Además, la Copal señaló que los “respectivos aumentos autorizados resultaron escasos y esporádicos, y distan sensiblemente en magnitud y temporalidad para cubrir los costos”. A principios de octubre, el Gobierno autorizó subas de entre 2% y 6% para los productos incluidos en los Precios Máximos. Previamente, a mediados de julio, los aumentos habían sido de 2% y 5%.