Los bonistas saben que el Gobierno argentino aceptará negociar, y que se acercan las horas finales de una larga discusión que se inició formalmente en abril. Y están dispuestos a defender hasta el final varias de las nuevas cláusulas presentadas en sociedad el lunes pasado, y que forman parte de la nueva oferta.
Los bonistas saben que el Gobierno argentino aceptará negociar, y que se acercan las horas finales de una larga discusión que se inició formalmente en abril. Y están dispuestos a defender hasta el final varias de las nuevas cláusulas presentadas en sociedad el lunes pasado, y que forman parte de la nueva oferta. En este marco, los acreedores con deuda externa emitida bajo legislación extranjera defienden su reclamo de una tasa de interés de 4,9% para el cupón 2030 con un curioso argumento. Este capítulo, considerado por los bonistas como central en el diseño de la contraoferta presentada el lunes pasado en sociedad, implica para el país el encarecimiento en esa emisión, algo que para el Ministerio de Economía es, directamente, inaceptable. Al menos en ese nivel. Sin embargo, la defensa de los bonistas a ese 4,9% tiene argumentos: es la tasa que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le aplicó a la Argentina en su último stand by, hoy vigente, y el interés que el organismo que maneja Kristalina Georgieva volvería a cobrarle al país si renueva el acuerdo con otro stand by. Además, afirman, que el dinero extra implicaría un encarecimiento de menos de u$s800 millones, dependiendo del momento en que el Gobierno haga el corte del reconocimiento de los intereses no devengados hasta septiembre de 2020.
Este bono fue el principal “anabólico” incluido por Martín Guzmán en su oferta del 3 de julio, e incluye el pago con un título con vencimiento en 2030 con interés de 1% en dólares y 0,5% en euros, destinado exclusivamente a premiar a los inversores que ingresen antes del 4 de agosto al canje. Incluye los pagos de los bonos globales vencidos entre abril y septiembre de este año, más el Discount que el próximo 30 de julio ingresará en default total. Fue el instrumento financiero que diseñó el Palacio de Hacienda para excluir de la oferta final (final, al menos hasta ahora) un cupón PBI, la elección primaria de Economía, luego de la polémica insalvable planteada por BlackRock, que exigía que la medición del crecimiento del producto nacional se calcule según la versión FMI en lugar del INDEC. Para el Gobierno de Alberto Fernández aceptar esa imposición era impensable. Tampoco funcionó la idea de un bono indexado por la evolución de las exportaciones, aportada por los bonistas tenedores de títulos emitidos durante el kirchnerismo y que había sido aceptada en un principio por el Gobierno. Luego terminó siendo rechazada por no haber acuerdo sobre la medición de la evolución de las ventas al exterior, y si el cupón seguiría pagándose si no hubiera superávit comercial. Finalmente Guzmán diseñó con su equipo el nuevo bono medido sobre los intereses no devengados con el plazo extra de alcanzar hasta septiembre de 2020 y con un interés, a los ojos locales, más que aceptables. La propuesta fue evidentemente bien recibida por los acreedores. Prueba de ello es que se basan en la idea para aplicar sobre ese bono la mejora financiera en la contraoferta presentada el lunes pasado. Algo inaceptable para el Gobierno.
El mensaje de la justificación de la tasa del 4,9% con el argumento que es la que aplica el FMI fue transmitida por uno de los abogados del flamante grupo tripartito blanqueado el lunes pasado; y que tuvo como presentación oficial el comunicado conjunto publicado en el after market de ese día, y que luego se profundizó con la presentación de la oferta. Este fue firmado por el Ad Hoc (BlackRock y compañía), Exchange Bondholders (tenedores de deuda K) y el Comité de Acreedores renovado. Esto es, sin Greylock de Hans Humes ni el Fintech de David Martínez. Sobre la crisis de este último grupo y las internas que llevaron a su rompimiento, los fondos de inversión que quedaron del lado combativo de la propuesta (sumándose a la posición irreductible de rechazar la posición argentina), el Comité actual aclara dos situaciones internas. La primera es que Fintech, de David Martínez, nunca fue integrante sino asesor. Y que no tiene gran cantidad de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera para renegociar. Y que la posición cercana al Gobierno argentino molestó varias veces a los tenedores de deuda menos friendly del Comité. Sobre la salida de Greylock son más duros. Aseguran que Hans Humes siempre mantuvo una posición combativa dentro del grupo y que hacia fuera se mostraba contenedor. Y que su salida como integrante no representa una disminución en el poder de presión, sino una liberación en la capacidad de llegar a consensos en la nueva etapa de definiciones que comenzó el lunes pasado.
